DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA EN COLOMBIA

 

Tener conocimiento preciso de este delito reviste de alta importancia debido al elevado número de personas condenadas por este tipo penal. En este artículo pretendo enunciar los elementos básicos de este delito en un lenguaje común que nos permita identificar cuando objetivamente, faltando una valoración subjetiva que no es el propósito de este articulo, nuestra conducta se puede calificar como delictiva,  recomiendo siempre la asesoría de un abogado que evalúe el contenido integral de los adjetivos de la conducta punible, pues son los profesionales del derecho quienes tiene capacidad intelectual para valorar de manera completa una conducta, asevero que no pretendo hacer un pequeño manual para que el lector se auto evalúe debido a la seriedad del asunto, pues quien actué así finalmente está jugando con la libertad. Solo busco enunciar de manera sucinta los elementos básicos de este delito.

Las condenas por este delito llegan a un número elevado  debido, entre otras circunstancias, al desarrollo que ha tenido en nuestro país, donde ha tornado a ser una responsabilidad objetiva, bastando demostrar básicamente el vinculo que le genera la obligación, algunas cuotas atrasadas, dejando pasar por alto la capacidad, se ha llegado a condenar personas con incapacidad económica.

El delito de inasistencia alimentaria es de omisión propia, dejar de hacer o no hacer, de tracto sucesivo, su legitimidad radica en proteger la familia como base fundamental de la sociedad. Se encuentra consagrado en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1 de la Ley 1181 de 2007, este reza:

El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.”

Para la existencia de este delito se requiere;

SUJETO. Que el implicado tenga una obligación legal de suministrar alimentos a otra persona, es decir, el implicado debe encontrarse dentro de la línea ascendiente, descendiente, o sea adoptante o adoptivo, cónyuge o compañera permanente con el alimentario.

CAPACIDAD ECONÓMICA.   Debe existir la capacidad económica para sufragar los alimentos por parte del alimentante, sin que signifique menoscabo para su existencia,  lo anterior tiene fundamento en el aforismo en que nadie está obligado a hacer lo imposible, por lo tanto, la incapacidad económica de la persona constituye una circunstancia eximente de responsabilidad.

NECESIDAD POR PARTE DEL ALIMENTARIO.  el alimentario debe necesitarlos, es decir, no cuenta con capacidad de proporcionarse los alimentos por su cuenta.

INTENCIÓN DE SUSTRACCIÓN. Quien debe los alimentos debe tener conocimiento de la existencia de la obligación y voluntad de sustraerse de cumplir con ella, es decir, evadir su pago sin que medie una justa causa, premisa normativa que hay que probar en el proceso y que muchas veces es presumida.

ANTIJURIDICIDAD. Con el actuar del sujeto activo del delito, quien libre y voluntariamente se sustrae, afecte el bien jurídico familia colocándolo en riesgo, el anterior requisito materializando el principio de lesividad que se encuentra estipulado en el artículo 11 de la Ley 599 de 2000.

 Frente a este delito se pregunta; ¿es prudente elevar a conducta delictiva la inasistencia alimentaria en un país donde los índices de informalidad son altos, informalidad que se caracteriza por la ausencia de derechos laborales como la seguridad social en quienes lo practican, la persecución por parte del Estado a través de medidas administrativas, la baja capacidad de compra de la población, entre otras circunstancias que afectan las ingresos, para colocar a funcionar el derecho penal como primera instancia, siendo el deber de este ser la ultima ratio?

Para mi concepto personal no es prudente debido a los altos índices de desempleo y de trabajos informales, máxime con el desarrollo al que ha tenido donde muchas veces se afirma que el delito comienza con el impago de un mes por concepto de alimentos, de esta manera confundiendo el simple deudor atrasado con quien realmente se sustrae.

Considero que es suficiente sancionándolo por las vías del derecho de familia a través de un proceso ejecutivo, y si este se sustrae simulando contratos para efectos de esconder sus bienes para evitar  embargos se iniciaría un proceso por fraude a resolución judicial y alzamiento de bienes, lo anterior siendo sistemático con un derecho penal utilizado como ultima herramienta, debido a que el derecho penal es excesivo y que iría en detrimento del tan apreciado interés para la sociedad como lo es la familia.

Ahora, debido a la existencia en nuestro ordenamiento jurídico propugno por qué realmente se aplique a quienes verdaderamente son merecedores de un reproche, existen casos que realmente si es viable sancionar penalmente a quien se sustrae debido a la insensibilidad que tiene el sujeto para con sus alimentarios.

Termino repitiendo lo manifestado en líneas anteriores; debido a la complejidad del delito y al desarrollo que ha tenido en nuestro país se hace necesaria la consulta con un abogado.